. "Todo lo que hoy preocupa se soluciona a partir de una nueva Constitución" 

ENTREVISTA

Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, los tarifazos, la inflación, la desocupación, el endeudamiento, son problemáticas que se superan con un nuevo texto constitucional. Así lo indicó en una charla que mantuvo con este diario, previa a su visita el viernes a esta ciudad. Fuertemente crítico al gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que esa reforma sólo será posible luego de que se revise y anulen buena parte de “las decisiones de este gobierno”. También opinó sobre el pedido de allanamiento a la ex presidenta, los cuadernos de Centeno, entre otros temas. 

El abogado Eduardo Barcesat estará en Azul el próximo viernes.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat estará este viernes en Azul en el marco de un ciclo de charlas que hará eje en el Fortalecimiento de las Instituciones “Tarifazos”, de acuerdo a como fue anunciado.

Antes de su llegada a esta ciudad, dialogó con EL TIEMPO sobre el eje de la que será su disertación: Reforma Constitucional, necesaria, dijo, para comenzar a solucionar los problemas que aquejan a los argentinos.

Fue muy crítico con el gobierno de Mauricio Macri y, en ese aspecto, remarcó entre otras muchas cosas que “no estamos viviendo en un Estado de Derecho”.

Asimismo, apuntó que cuando el Presidente deje su cargo, la Asamblea Constituyente tendrá la tarea de revisar “este pasado ominoso que no está dejando el actual gobierno”.

También fue crítico con el Poder Judicial, ya que entendió que su rol es el ser “sumiso a las directivas del presidente de turno, capaz de convalidar las tropelías institucionales más atroces”.

Descreyó de los famosos cuadernos de Centeno y más de los funcionarios judiciales que están llevando adelante la investigación: Claudio Bonadío y Carlos Stornelli.

Tres ejes de cambio

Consultado en principio por qué cree necesaria una reforma de la Constitución y cuáles son los ejes esenciales a rever, explicó que “previamente pensaba abordar el tema del derrumbe institucional, es decir el quiebre del Estado de Derecho, de la división de poderes, que es paralelo al quiebre económico al que está sometida la Nación”.

En ese marco, señaló que “frente a esto, como medida mediata, no digo inmediata pero tampoco a largo plazo, surge la idea de una nueva Constitución que sea obra de todo el pueblo y no producto de un acuerdo o un pacto entre caudillos políticos y que aborde definitivamente el tema de la parte dogmática de la Constitución que siempre ha quedado postergada, y seguimos manejados por un texto de 1853”.

Remarcó que ese texto estaba previsto para un país “agroexportador, fiduciario y rentístico que dio lugar solamente a dos oligarquías: una agropecuaria y otra financiera. Las necesidades de hoy en día son bastante distintas a las de ese modelo”.

Así, el abogado constitucionalista indicó que es necesario poner de relieve tres ejes. Uno de ellos es, según describió, “la integración con Latinoamérica y el Caribe. Hay cosas que debemos abordar en conjunto para poder lograr nuestra definitiva independencia económica”.

El segundo punto “es el de la tutela efectiva de los pueblos sobre las riquezas y recursos naturales. Creo que este es un punto nodal porque estamos frente a políticas extractivas que son destructoras y que de ninguna manera benefician al pueblo porque no participa de los beneficios de estas explotaciones”, de riquezas no renovables como lo son los minerales estratégicos como litio, sílice y tungsteno “que están siendo apropiados de una manera inmisericorde por empresas extranjeras, pagando un canon ridículo”.

El tercer eje que mencionó es el de una política de Derechos Humanos. “Argentina logró un puesto de vanguardia en función de la ratificación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos conseguido en 1994”, sostuvo, aunque advirtió que “pero faltan las políticas de derechos humanos que lleven esos tratados a la realidad de la vida cotidiana de los habitantes de la Nación Argentina”.

En ese sentido, subrayó que si uno tiene en cuenta el texto Constitucional y los Tratados “diría que Argentina es un país cinco estrellas en materia de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales”.

Sin embargo, “la cantidad de gente que duerme en la calle, que no tiene techo, que come basura, que está totalmente despojada de cualquier concepto de vida digna, es enorme y creciente. Y esto, en un país que produce alimentos para más de 400 millones de habitantes, quiere decir que algo falla en la política y es lo que hay que resolver”.

El Poder Judicial     

A su vez, Barcesat indicó que entre las reformas de la parte orgánica de la Constitución, “se hace ya imprescindible pensar en un Poder Judicial que satisfaga los dos requisitos  que establece el artículo 1° de la Constitución, que es que se trate de un poder republicano y representativo”.

Añadió que “hoy en día el Poder Judicial no es ninguna de estas cosas. Por eso tenemos un Poder Judicial sumiso a las directivas del presidente de turno, capaz de distorsionar lo que significa el Estado de Derecho y de convalidar las tropelías institucionales más atroces”.

Entre esas “tropelías”, como las llamó, mencionó por ejemplo “callar ante el tarifazo en lugar de aplicar la cláusula de derechos de consumidores y usuarios; tolerar la fuga de capitales de Argentina. En guaridas fiscales tenemos aproximadamente 450 mil millones de dólares, el equivalente al PBI de un año o al de la deuda externa actual”.

En ese marco, fue que apuntó que “todo esto tiene que ser encarado en esta reforma constitucional. Los procesos más importantes de Latinoamérica han sido acompañados por un nuevo texto constitucional para poder legitimar estos cambios en la estructura social, en las relaciones de producción y en los conceptos de propiedad”.

La reforma, con otro gobierno   

Consultado si están dadas las condiciones en lo mediato para tratar una reforma como la que impulsa, Barcesat señaló que “va a ser seguramente a partir de 2019”.

Sobre por qué pone 2019 como fecha, “porque con este gobierno lo único que se puede hacer es retroceder en la historia. Con otro gobierno, y espero que así sea, entiendo que se va a poder establecer ese proyecto de futuro para Latinoamérica y Argentina en particular”.

Fue más allá y consignó que “muy especialmente, va a ser una tarea de la Asamblea Constituyente la revisión de este pasado ominoso que no está dejando el actual gobierno, por ejemplo en lo relativo a la deuda externa, a la fuga de capitales. Todo esto va a ser una tarea previa a la redacción del nuevo texto para poder arrancar con un terreno propicio para la reforma, que haya revisto y anulado en buena medida las decisiones de este gobierno”.

“Desventuras”  

El abogado remarcó que será con otro gobierno con el que se impulse la reforma. Viendo hoy el panorama y teniendo en cuenta la dinámica de la política argentina, consultado si considera que las otras alternativas políticas están abiertas para avanzar en un nuevo texto, sostuvo que “en varios sectores de la población y de las agrupaciones políticas ha ganado espacio la idea de la necesidad de una nueva Constitución. No estamos haciendo un trabajo de torre de marfil, sino de movilización popular en torno a la idea de una nueva Constitución para que las conquistas sociales no sean retrocedidas y que la calidad ciudadana no pueda ser empeorada por gobierno alguno”.

En ese marco, cabe señalar que hay un Foro para una Nueva Constitución en Facebook en el que participan y aportan ideas junto a Barcesat, Raúl Zaffaroni, Hugo Yasky, Leopoldo Moreau, Alejandro Braile, Edgardo Mocca, Marisa Duarte, Mempo Giardinelli, entre otros.

Aseguró por último que “todo lo que hoy preocupa -desocupación, inflación, endeudamiento, tarifazos-, se soluciona, fundamentalmente, a partir de una nueva Constitución”.

Añadió que “no pensamos en una Constitución químicamente perfecta. Lo que se necesita es un instrumento apto para cerrarle paso a estas desventuras que hemos tenido en estos 2 años y medio, y por el otro para trazar un proyecto de futuro que sirva para que este pueblo pueda vivir más que razonablemente bien y tener perspectiva de futuro”.

“No pensamos en una Constitución químicamente perfecta. Lo que se necesita es un instrumento apto para cerrarle paso a estas desventuras que hemos tenido en estos 2 años y medio” señaló Eduardo Barcesat.

TARIFAZOS: “UN GENOCIDIO PLANIFICADO POR EL GOBIERNO” 

En lo que hace a los tarifazos en los servicios públicos, Eduardo Barcesat está llevando adelante la acción de amparo “tendiente a demostrar que el veto presidencial a la Ley de Regulación Tarifaria fue un veto absurdo, antijurídico e inconstitucional”.

De acuerdo a lo que comentó, una vez colectada toda la información del Poder Ejecutivo, están esperando que la jueza interviniente “dictamine sobre la cuestión suspendiendo los cortes de suministro y disponiendo la suspensión del Decreto presidencial”.

Luego, como cuestión de fondo, explicó que si se declara la inconstitucionalidad de ese Decreto, debe poner en vigencia la ley que aprobó el Congreso “con la mayoría suficiente que representa a todo el arco político del país”.

Consultado si, más allá de las acciones jurídicas, hay otro camino, indicó que “de este gobierno no se puede esperar nada. El Congreso hizo su esfuerzo y quedó allí. Lamentablemente no insistió en el proyecto de ley, cuando pudo hacerlo”.

Entonces, “por eso los ciudadanos, con nuestro patrocinio, acuden a la justicia para que aquello que se había logrado en el Poder Legislativo sea respetado”.

Añadió que “la lucha pasa por allí, pero por supuesto necesita de la movilización y concientización de la gente de que seguir con estos tarifazos es un suicidio colectivo o un genocidio planificado por el gobierno, porque lleva a situaciones de muerte”.

En ese sentido remarcó que “prevalecer el interés de las empresas que monopólicamente detentan los servicios públicos por sobre el derecho a la vida, es realmente un estropicio institucional”.

“NO ESTAMOS VIVIENDO BAJO ESTADO DE DERECHO” 

Eduardo Barcesat, en repetidas oportunidades, se ha referido al deterioro institucional en Argentina.

En este sentido, lapidario fue cuando indicó que “no estamos viviendo bajo Estado de Derecho. En términos del texto de la Constitución, particularmente su artículo 36° que establece el deber de obediencia a la supremacía de la CN, estamos viviendo en situación de excepcionalidad institucional”.

Añadió que “un gobierno con alguna legitimidad de origen, pero que al transgredir los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiarlos de los otros poderes, provoca un acto de violencia institucional”.

Marcó que el artículo 36° al que hizo referencia “reconoce al pueblo argentino el derecho a resistir los actos de violencia institucional”.

Ante el comentario de que es gravísimo como lo describe, advirtió que “es gravísimo como es. Lo que hago es transparentarlo en palabras. El que ha cometido las tropelías institucionales es el actual gobierno, el mismo que quebrantó la división de poderes, el que militarizó el territorio de la Nación, el que pretende cambiar las funciones de las Fuerzas Armadas. La sumisión colonialista a los designios de Gran Bretaña en  materia de Islas Malvinas, el Atlántico Sur y sus recursos y riquezas naturales, también es obra de este gobierno”.

Yendo al Decreto presidencial de “reconversión del sistema de Defensa” por el cual las Fuerzas Armadas podrán “colaborar con la seguridad interior” y con la lucha contra el terrorismo, Barcesat apuntó que “es inconstitucional. Solamente el Congreso puede regular las funciones de organicidad de las FFAA”.

ALLANAMIENTO A CFK 

Si logra reunir quórum, la Cámara de Senadores tratará hoy si aprueba el allanamiento pedido por el juez Claudio Bonadío al domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner y también si dan curso a la Ley de Extinción de Dominio.

Sobre el primer tema, Eduardo Barcesat indicó que mandó un dictamen al Senado entendiendo que “está obligado a examinar la validez del título por el que se procede. En otras palabras, examinar la causa en que se piden estos allanamientos, como si se hubiera pedido también el desafuero. Si realmente esta causa da lugar a allanamientos o a desafueros es poner patas para arriba todo el sistema penal”.

Añadió en ese marco que “frente a esto tiene que haber una postura clara y correcta. Es deber de los senadores como funcionarios públicos, en presencia de una causa que no reúne los requisitos del debido proceso y de defensa en juicio de la persona y los derechos, de denunciar a quienes han pedido ese allanamiento y que han alimentado esta causa con mecanismos absolutamente desvinculados de lo que debe ser un procedimiento penal”.

En lo que respecta a la ley de extinción de dominio, según su opinión “es inconstitucional. Creo que el tema es tener un Poder Judicial que pueda resolver en tiempo estos actos de decomiso, de manera que cuando se disponga el traspaso efectivo al patrimonio de la Nación, sea para empleo o para su subasta, ya goce del concepto constitucional de cosa juzgada, y no que por un lado vaya la responsabilización penal y por otro el cambio de dominio en sede civil”.

El abogado constitucionalista remarcó que “si no logramos que los jueces resuelvan en tiempo oportuno, el problema es de lo jueces, pero no hay que alterar el espíritu de la Constitución cuando establece en qué momento el condenado es tal y la condena reviste fuerza de cosa juzgada”.

LOS CUADERNOS DE CENTENO

En un tramo de la nota con este diario, al ser consultado sobre su visión de la causa conocida como ‘los cuadernos de Centeno’, con los arrepentidos, los imputados colaboradores, los empresarios y ex funcionarios, Eduardo Barcesat dijo que “es parte del derrumbe institucional. No conozco ninguna causa donde se cite a indagatoria, se hagan allanamientos y se dispongan prisiones preventivas en base a fotocopias muy sospechosas, porque los originales se dice que fueron quemados”.

En ese sentido, el abogado se preguntó por qué se quemaron los cuadernos e inmediatamente se respondió “porque el papel y la tinta pueden ser peritados y así determinar exactamente la fecha de las grafías y del papel. Quemado y en fotocopia no puede haber esa pericia, por lo tanto se trata de una prueba que no tiene ningún valor ante un tribunal de derecho”.

Seguidamente, apuntó contra el juez y el fiscal que llevan la investigación y dijo que las fotocopias “ante una conjunción Bonadío con Stornelli puede servir o dar paso a este atropello institucional que se está cometiendo bajo la invocación de la figura del arrepentido o imputados colaboradores que van y dicen cualquier cosa con tal de quedar libres y no dormir en un calabozo”.

Ante la pregunta de si realmente no cree en nada de lo que está trascendiendo públicamente, marcó que “creo que la patria contratista tiene que ser llevada a juicio y que los funcionarios que han favorecido o se han favorecido con la patria contratista también. Pero no este procedimiento y mucho menos en manos de esos funcionarios que son dependientes del Poder Ejecutivo y lacayos del poder”.